Una de las primeras luchas de las mujeres fue  por sus derechos políticos. 

Olympe de Gouges (1871), fiel representante de esta lucha, pretendió convencer a la Asamblea Nacional Francesa para que adoptara una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana; esta propuesta surgió como reacción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y cuya iniciativa le costó ser acusada de “conspiradora que abandonó  las virtudes propias de su sexo”  siendo llevada a la guillotina .
Fue hasta en 1944 que algunas mujeres comenzaron y alcanzaron sus derechos de ciudadanía.

En Nicaragua nos fue negada la facultad del ejercicio de los derechos políticos hasta 1957 que se admitió el voto para las mujeres, pero no el de ser electas para cargos públicos. 

Sin embargo, las nicaragüenses siempre hemos luchado por derechos sociales y políticos de acuerdo a las determinaciones de género impuestas en cada momento histórico. 

 En la década de los 60 y de los 70 muy pocas mujeres accedieron a cargos públicos, menos aún a cargos legislativos. El tiempo de la política era casi absolutamente masculino.

En los 70 el Congreso de la República estaba conformado por representantes de dos partidos políticos los cuales contaban con 60 y 40 representantes respectivamente, prevaleciendo líneas partidarias polarizadas. El ejercicio parlamentario era reducido, prácticamente se sujetaba a la aprobación de leyes mediante un único mecanismo de trabajo: el plenario; el debate y la toma de decisiones carecían de cualquier sentido democrático. 

“Recuerdo que me dijeron que me ponían en una Comisión de Asuntos Sociales la que nunca en la vida supe dónde estaba ni que hacía. Nunca me citaron para una reunión de la Comisión o el estudio de algo” , cita una de las parlamentarias del período 70-72.. 

El partido mayoritario hacía prevalecer sus decisiones mediante votaciones que casi siempre tenían los numerales 60 y 40. “Era una aplanadora, nosotros gritábamos, planteábamos, pero al fin de cuentas prevalecía lo que los liberales querían porque eran 60 y nosotros 40” .

Tampoco había participación ni presencia de la población en el Parlamento Nacional. 
Las mujeres intervenían en forma minoritaria, ocho de cien representantes (0.8%) y con muy poca identificación entre ellas. Por el Partido Conservador estaban Miriam Argüello, Lucidla Mantilla, Rosario Guillen, Haydé Traña y Selmira González; cinco de cuarenta representantes (12.5%). Los liberales tenían 60 representantes y sólo 3 eran mujeres: Irma Guerrero, Alba Vallejos de Rivera, y Olga Núñez de Saballos (0.5%). Nunca hubo acercamiento ni intercambio como mujeres durante el ejercicio parlamentario. 

“No sentíamos ninguna identificación como parlamentarias para hablar sobre cosas, situaciones, proyectos comunes, en el sentido que en ocasiones uno puede coincidir con la bancada adversaria, en un determinado punto y en otras puede disentir” . 

Tampoco existía instancia alguna relativa a los derechos de las mujeres; y las diputadas no conocían o tenían acercamiento con ningún tipo de movimiento sobre los derechos de la mujer, a pesar de que ya existían grupos de mujeres luchando por sus derechos. 

El acceso al cargo representó para varias de ellas un cúmulo de esfuerzos extraordinarios en sus partidos para demostrar que eran mejor que los hombres, no demostrarlo representaba la posibilidad de no salir seleccionada. “Nos escogieron porque superábamos a la actuación de los propios hombres, esa es una realidad” . Aún así, fueron marginadas por su propios pares del partido y de las instancias de decisión.

 Un nuevo período se abrió en 1980 al ampliarse algunos espacios de participación pública para las mujeres. 

En el ámbito parlamentario, en mayo del 80 se constituyó el Consejo de Estado como instancia colegislativa que apoyaba la actuación de la Junta de Gobierno (Poder Ejecutivo). Este era deliberativo y consultivo, no decisiorio . La Junta de Gobierno, en última instancia, tenía la capacidad de veto total.

En 1980 las mujeres representaron el 11.5% del Consejo de Estado, en 84 eran el 14% del total de diputaciones y en 90 el 18.5%. El avance de la intervención femenina en este espacio de poder ascendió hasta 1990 a un 35.2%. Además, una mujer alcanzó la Presidencia del Parlamento y tres mujeres ocuparon Vice Presidencias.

 En 1997 sólo diez mujeres ocupan escaños (10.7%). Casi un 8% menos que las anteriores.

 Es importante sin embargo, vincular sus vivencias, resignificar sus esfuerzos y lo que se ha obtenido de ellos y disponerlos a la causa de los derechos humanos de las nicaragüenses.